En Argentina, un traductor público o jurado es un profesional "fedatario", es decir, que da fe de lo que traduce.
El traductor público es un profesional experimentado, con un dominio sólido de la traducción y de la interpretación. Según dicta la Ley 20.305, su incumbencia es la traducción de todo documento de idioma extranjero en entidades de recaudación u organismos públicos. Del mismo modo, es el único profesional habilitado para actuar como intérprete en una sede judicial.
